Nuestros edificios consumen una cantidad desproporcionada de recursos. Según datos oficiales, el sector de la edificación en España representa el 40% del consumo energético total y es responsable del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para atajar este enorme problema, el Gobierno ha publicado un ambicioso borrador del Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE). Este documento, además de trazar una hoja de ruta para modernizar nuestras viviendas, también desvela algunas realidades sorprendentes sobre la forma en que vivimos.
El parque inmobiliario español tiene un problema de edad
La raíz del derroche energético está en el DNI de nuestras casas. La ineficiencia de nuestros edificios está intrínsecamente ligada a su antigüedad: casi la mitad de los inmuebles en España (un 49,3%) tienen más de 45 años, lo que significa que fueron construidos antes de 1980, año en que se aprobó la primera normativa de ahorro energético en el país.
Pero incluso los edificios no tan antiguos, los construidos durante el auge constructor (entre 1981 y 2007), también son ineficientes.
Estos edificios son auténticos sumideros de energía. Actúan como un colador para el calor en invierno y un invernadero en verano, obligando a los sistemas de calefacción y aire acondicionado a librar una batalla constante y costosa contra el propio edificio. La ineficiencia es especialmente pronunciada en los más antiguos: el plan señala que entre los edificios construidos antes de 1980, un alarmante 58% se clasifican como “menos eficientes”.
Renovar edificios es también una cuestión de salud
Las paredes de tu casa influyen más en tu salud de lo que imaginas. La población pasa más del 90% de su tiempo en espacios interiores, lo que convierte la calidad de nuestros edificios en un factor determinante para nuestro bienestar. El plan de renovación ofrece, por tanto, una doble oportunidad, disminuir la demanda energética y crear entornos más saludables.
Las viviendas mal aisladas, frías y húmedas, están directamente asociadas a la llamada pobreza energética y a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En 2024, el 17,6% de la población no pudo mantener su hogar adecuadamente caliente en invierno. Un sondeo de 2023 reveló que un 33,6% no pudo mantenerlo fresco en verano, una cifra que empeorará con el cambio climático. Pero el dato más revelador es el impacto directo sobre la mortalidad: se estima que las mejoras en las viviendas permitirán evitar 276 fallecimientos por frío en 2030, lo que supone una reducción del 26%.
Más allá de corregir los problemas actuales, estas renovaciones son una estrategia de salud pública crucial para el futuro. Modernizar el aislamiento y mejorar la ventilación no solo combate el frío invernal, sino que prepara nuestras casas para resistir las olas de calor cada vez más intensas y frecuentes.
El caso español: la propiedad horizontal como barrera
A diferencia de muchos países europeos donde la vivienda unifamiliar es la más común, en España predomina la vivienda plurifamiliar: el 74% de las viviendas son pisos, mientras que las unifamiliares apenas representan el 34%.
Históricamente, realizar obras de gran calado en un bloque de pisos requería el acuerdo unánime de todos los propietarios. Aunque la legislación ha evolucionado gracias a normas como la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (LRRR) y decretos posteriores, que ahora solo exigen una mayoría simple para obras de eficiencia energética, la complejidad de la gestión colectiva sigue siendo un freno.
A esto se suma otra barrera clave: el “incentivo dividido” en las viviendas de alquiler. En este escenario, el propietario es quien debe asumir el coste de la reforma, mientras que el inquilino es quien recibe el beneficio directo del ahorro en las facturas y de un mayor confort. Este desajuste desincentiva la inversión y perpetúa la ineficiencia en una parte importante del parque inmobiliario.
La oleada de renovación como oportunidad de crear empleo y ahorro
El borrador presenta esta oleada de renovación como un potente motor de empleo. Se estima que entre 2023 y 2030 se crearán 533.866 empleos directos e indirectos en los sectores de la construcción, la rehabilitación y los servicios energéticos. Además, el plan subraya que estos no son trabajos temporales o concentrados en las grandes ciudades; se caracterizan por su “estabilidad y distribución territorial”, fortaleciendo las economías locales en toda España.
Los beneficios se traducen en un ahorro tangible y directo para las familias. El plan calcula que, gracias a las mejoras de eficiencia, los hogares acumularán un ahorro total de 5.552 millones de euros en sus facturas energéticas entre 2023 y 2030. Esta inversión no solo alivia la carga financiera de las familias, sino que aumenta su resiliencia frente a futuras crisis y fluctuaciones en los precios de la energía.
El ecosistema de soluciones para hacerlo posible
Para combatir la complejidad de la propiedad horizontal y el incentivo dividido, el plan introduce dos actores clave. El primero es el agente rehabilitador, una nueva figura profesional que actúa como gestor de proyectos para las comunidades de propietarios, coordinando los aspectos técnicos, financieros y administrativos. Este agente guía a los vecinos hacia las ventanillas únicas, puntos de atención centralizados que ofrecen un servicio integral de asesoramiento y gestión, simplificando la burocracia.
Para impulsar la financiación, se introducen los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), un instrumento que permite a empresas y particulares “vender” los ahorros de energía conseguidos con una reforma. Esto monetiza la eficiencia y ayuda a financiar la inversión inicial. Finalmente, se fomenta la creación de comunidades energéticas, que democratizan el acceso a la energía renovable permitiendo a los vecinos producir y gestionar su propia energía de forma colectiva. Juntas, estas herramientas conforman un sistema coherente diseñado para hacer que la renovación sea, por fin, viable y accesible.
Un futuro construido sobre cimientos más inteligentes
La renovación de los edificios en España no es solo una cuestión de sostenibilidad ambiental; es una transformación profunda que afecta directamente a nuestra economía, nuestra salud y nuestro bienestar social. Este plan nacional nos obliga a ver nuestras casas no como meros refugios pasivos, sino como sistemas activos que tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida y en la resiliencia del país. Como concluye el propio documento:
Alcanzar la neutralidad climática implica entender la edificación y las ciudades como un sistema integrado, donde la calidad del entorno construido es inseparable de la calidad de vida de sus habitantes.